Sánchez propone gravar al 100 % o prohibir la compra de viviendas a extranjeros no comunitarios
17/07/2025 - ⏱️ 2 min
La medida, aún en fase de discusión, pretende moderar precios en zonas turísticas y enfrentar la crisis habitacional
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado una batería de propuestas legislativas que incluyen un impuesto del 100 % sobre la compra de viviendas por parte de no residentes no pertenecientes a la Unión Europea, e incluso un posible veto total a estas adquisiciones. El objetivo declarado es atajar la especulación que tensiona el mercado residencial, especialmente en zonas turísticas de la costa, y priorizar el acceso a vivienda para los ciudadanos y residentes en España.
El anuncio ha provocado inquietud entre los inversores estadounidenses, británicos y de otras nacionalidades extracomunitarias, especialmente tras la eliminación del programa de Golden Visa en abril de este año. En 2023, alrededor de 27.000 viviendas fueron compradas por extranjeros no comunitarios, según datos oficiales, representando cerca del 15 % de las transacciones inmobiliarias trimestrales.
¿En qué consiste el paquete de medidas?
El paquete incluye tres elementos principales:
- Impuesto del 100 % sobre el valor de adquisición para no residentes de fuera de la UE. En la práctica, duplicaría el coste de compra si se aprueba.
- Un veto directo para las compras de viviendas por parte de no siempre residentes o sin familiares en España – aunque esta opción aún está en estudio.
- La supresión del programa de Golden Visa, activo hasta el 3 de abril de 2025, que permitía residencias a cambio de inversiones superiores a 500.000 €.
Estas medidas se enmarcan dentro de una estrategia más amplia que incluye incentivos a nuevos alquileres asequibles, subida de impuestos a las viviendas turísticas y activación del parque público de vivienda.
Reacción del mercado y perspectivas
En el corto plazo, la reacción ha sido clara: agencias inmobiliarias han detectado una ralentización en las intenciones de compra de no comunitarios y un aumento en las consultas sobre alternativas en otros países de la UE —Portugal, Italia, Grecia y Malta— que mantienen programas más flexibles.
Según fuentes de CBRE, aunque haya respaldo político entre ciertos sectores populares, el paquete enfrenta importantes obstáculos en el Congreso. España necesita respetar los principios europeos de libre circulación de capitales y residencia, así como controlar el impacto que estas medidas tendrían sobre el turismo residencial y la inversión en zonas altamente dependientes del exterior.
Efectos dispares por región
Las regiones más afectadas serían las costeras —Costa del Sol, Levante y Baleares— que concentran alta demanda de compradores británicos, estadounidenses y latinoamericanos. En cambio, grandes ciudades como Madrid o Barcelona verían un impacto más limitado, centrado en las compras por inversión, aunque seguiría activa la demanda residencial.
En las islas Canarias, el Ejecutivo regional ya ha instado a permitir que los ayuntamientos regulen a su criterio la adquisición de inmuebles por extranjeros, lo que representaría un paso más hacia un control nacional descentralizado. De aprobarse la reforma, cada municipio podría decidir si aplica el veto o exige residencia mínima o empleo local.
El desafío político y legal
El Gobierno socialista, con una mayoría limitada en el Congreso, precisará del apoyo de formaciones regionalistas e independientes. Por su parte, la oposición fiscal y legal es fuerte: expertos en derecho abogan por que esta medida quedaría al menos parcial o totalmente invalidada por incumplir el Derecho comunitario, empujando a España a una disputa con Bruselas.
En el plano económico, aunque el segmento no comunitario representa un porcentaje minoritario del mercado total, su relevancia en zonas dependientes del turismo y de los precios altos en viviendas de alto standing puede amplificar el efecto disuasorio de las nuevas normas.
Futuro del mercado inmobiliario español
De prosperar, el impuesto y posible prohibición podrían relajar la presión sobre el mercado, moderando las subidas de precios, pero también podrían frenar transacciones internacionales y reducir la recaudación actual vinculada a las plusvalías y recargos asociados.
El desarrollo futuro estará ligado a si el Congreso aprueba las propuestas en su integridad, una versión suavizada o si finalmente fracasan. La tramitación contará con un calendario ajustado: el impuesto ya ha sido sometido a debate inicial, mientras que la prohibición debe todavía superar informes y procedimientos técnicos.
Puntuación final
Este paquete normativo simboliza un cambio en el paradigma inmobiliario español, que busca priorizar el acceso a vivienda de residentes sobre la expansión del extranjero. Su evolución marcará un antes y un después, tanto en la forma de regulaciones inmobiliarias en el sur europeo como en la competitividad frente a rivales de inversión más abiertos.
Europa observará con atención si estas medidas generan consecuencias no deseadas —como la sustitución de la compra por alquiler turístico o el reflujo de capital hacia mercados alternativos— o si sirven de punto de partida para otros países que enfrentan tensiones similares entre turismo y vivienda.
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