Registro obligatorio de pisos turísticos entra en vigor, pero menos de la mitad de los inmuebles están inscritos
03/07/2025 - ⏱️ 2 min
España ha dado un paso adelante en la regulación del turismo residencial con la entrada en vigor —a principios de esta semana— de la norma que obliga a inscribir todos los pisos turísticos en registros autonómicos. La medida pretende facilitar el control del número real de alojamientos y combatir el fraude, así como proteger el derecho a la vivienda de los residentes. No obstante, apenas un 45 % de las viviendas afectadas han completado el trámite, según estimaciones de fuentes consultadas por Cinco Días.
Desde principios de julio, las comunidades autónomas reciben datos actualizados del Catastro e inspectores territoriales han comenzado a visitar pisos sin inscripción, lo que pone en riesgo sanciones severas para los propietarios que alquilan sin licencia ni registro. En varias ciudades populares —especialmente Cataluña, Canarias y Baleares—, esta remodelación normativa busca devolver fluidez al mercado del alquiler tradicional frente al crecimiento del arrendamiento turístico.
Un requisito necesario… con ejecución fragmentada
La ley exige ahora que cada piso turístico cuente con un número de inscripción, visible en portales de reserva y publicidad. En caso contrario, los gestores enfrentan multas que oscilan entre los 6 000 y los 60 000 €, dependiendo de la comunidad. Sin embargo, la ejecución está siendo irregular: algunas autonomías —como Baleares y Cataluña— ya han cubierto más del 60 % de los pisos estimados en su territorio, mientras que en otras —Madrid o Valencia— el nivel de cumplimiento supera por poco el 30 %, según fuentes regionales.
El atractivo económico del alquiler turístico y el desconocimiento del nuevo marco legal explican en parte la reticencia de muchos propietarios. “Creían estar exentos, o pensaban que la norma tardaría más en aplicarse”, asegura un inspector autonómico bajo condición de anonimato. Esta brecha de cumplimiento no solo dificulta el control, sino que amenaza con perpetuar tensiones en zonas muy tensionadas por el turismo.
Impacto urbano y tensiones locales
El registro es una herramienta de control, pero también un símbolo de cambio: consolida una tendencia hacia políticas turísticas más restrictivas. En ciudades como Barcelona, donde el parque de pisos turísticos ha crecido un 15 % en tres años, la inscripción emblemática permite a las autoridades detectar zonas saturadas y rechazar nuevas licencias. Este enfoque evita, según la alcaldesa de aquella ciudad, Ada Colau, que “se siga expulsando a residentes de barrios consolidados”.
Sin embargo, la norma también genera controversia. La federación nacional de pequeños arrendadores turísticos la ha calificado como “una medida excesiva que penalizará al propietario medio” y ha advertido del riesgo de fuga de oferta hacia canales informales o incluso ilegales. La tensión entre control urbano y dinamismo económico sitúa de nuevo a los pisos turísticos en el centro del debate nacional sobre modelo de ciudad.
Hacia un nuevo equilibrio entre turismo y vivienda
La clave estará ahora en la capacidad de los gobiernos autonómicos para operativizar el registro de forma efectiva, acelerar la sanción de apartamentos irregulares y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones a los pequeños propietarios que desean operar legalmente. Experiencias como la del País Vasco, que ofrece licencias temporales en zonas saturadas, pueden servir de inspiración.
También se hace imperativa una coordinación interadministrativa más intensa —entre Ayuntamientos, autonomías y Estado— para armonizar criterios de inscripción y registrar en tiempo real los cambios en el uso de los pisos. Solo así será posible diseñar políticas que equilibren el interés económico del turismo con el derecho a una vivienda asequible.
Conclusión: un paso en la dirección correcta… pero aún insuficiente
El registro obligatorio marca un avance relevante en la gestión del alojamiento turístico en España. Es un avance en transparencia y capacidad de control, pero de poco servirá si no se consolidan datos fiables y se ejecutan sanciones de manera coherente. La verdadera batalla será que, en este proceso, no se aisle ni se desincentive a quienes quieren dedicarse al alquiler turístico dentro del marco legal, ni se deje ganar terreno al mercado negro.
Está en manos de las administraciones convertir una normativa ambiciosa en una herramienta eficaz de equilibrio territorial y social. La ciudadanía y el mercado seguirán atentos a cómo evolucionan los registros y si las inscripciones superan finalmente ese umbral del 45 %.
Suscríbete a nuestra lista de embajadores de forma gratuita y accede antes que nadie a proyectos seleccionados en el mercado inmobiliario.
