España impulsa una reforma fiscal del real estate: el gravamen del 100 % para compradores no‑UE pone en jaque la inversión extranjera

08/07/2025 - ⏱️ 2 min

Madrid / Palma / Barcelona — El Gobierno español, liderado por el Partido Socialista, ha presentado en las Cortes Generales un polémico draft de ley que propone un gravamen del 100 % del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de inmuebles por parte de compradores no residentes y no procedentes de la Unión Europea. La medida apunta a frenar la especulación inmobiliaria atribuida en parte a capitales extranjeros y a aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda en zonas tensionadas como Baleares, Canarias, la Costa del Sol y entornos urbanos.

Pedro Sánchez anunció la intención de imponer este gravamen en enero, señalando que en 2023 se vendieron cerca de 27.000 viviendas a extranjeros no comunitarios, muchas de ellas utilizadas como activos de inversión y no para residencia real.

A pesar de que aún no ha sido aprobado, el proyecto legislativo avanza y el Ejecutivo lo enmarca dentro de un paquete amplio de medidas que incluyen la construcción de vivienda pública, la revisión de las normas sobre alquiler de corta duración y mayores cargas fiscales para pisos turísticos.

Reacción política y debate

El impacto real del impuesto suscita amplio debate. Por un lado, críticos como la oposición del Partido Popular han calificado la propuesta como “xenófoba” y temen que la incapacidad de aprobarla en pleno pueda frenar el paquete completo. Por otro, defensores del plan subrayan que solo se aplicaría a una pequeña proporción de transacciones y que su objetivo es detener la especulación, atraída por compradores no residentes ávidos de rentabilidad rápida.

Contexto europeo y comparativas internacionales

España no actuaría de manera aislada. Este tipo de gravámenes ya se aplican en Canadá y Dinamarca, donde se persigue el mismo objetivo: proteger el acceso a la vivienda local frente a la entrada masiva de capital externo. Sin embargo, experiencias como la de Columbia Británica (Canadá) revelan que estas políticas, incluso siendo estrictas, no solucionan por sí mismas los problemas de asequibilidad, y deben ser complementadas con aumento de oferta, regulación de alquileres y recuperación de vivienda social pública.

Reacción del mercado y consecuencias futuras

Agentes inmobiliarios y fondos especializados alertan sobre la posibilidad de fuga de capital hacia otros destinos del Mediterráneo como Grecia, Turquía o sur de Italia, que no contemplen medidas similares. Aun así, algunos inversores buscan fórmulas alternativas: utilizar sociedades europeas domiciliadas o establecer residencia legal para eludir el impacto fiscal.

Se espera que el debate se intensifique con el ingreso en el Parlamento de las comunidades autónomas más afectadas, como Baleares, que ya han solicitado facultades para crear recargos autonómicos, y Cataluña, que estudia normativas similares de control de compras de no residentes. Su aprobación requerirá mayoría parlamentaria y podría depender de acuerdos con formaciones regionales.

Conclusión

El gravamen del 100 % para compradores no‑UE representa un cambio político relevante: la vivienda se reivindica no solo como bien de inversión, sino como derecho social. Si bien su potencial recaudatorio es limitado y la eficacia para contener subidas de precios es discutida, la medida envía un mensaje firme sobre la voluntad de cambiar el modelo inmobiliario español.

Para que funcione, el impuesto deberá combinarse con políticas de oferta (vivienda pública y vivienda asequible), control del alquiler turístico y coordinación autonómica. Sin estos elementos, podría quedarse en una muestra de retórica política sin generar transformaciones estructurales en el acceso a la vivienda.

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