El Banco de España y el Ministerio de Vivienda se alían para abordar la crisis habitacional: pacto por los datos y la planificación territorial
30/06/2025 - ⏱️ 2 min
En un movimiento sin precedentes que busca reforzar la capacidad del Estado para afrontar los crecientes desafíos del mercado residencial, el Banco de España y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han firmado esta semana un acuerdo de colaboración institucional para el intercambio sistemático de información sobre vivienda, planificación territorial, endeudamiento de los hogares e impacto financiero de la política habitacional.
El convenio, formalizado el 25 de junio, tiene como objetivo centralizar, armonizar y analizar datos clave del sector inmobiliario en tiempo real, proporcionando una base empírica para la toma de decisiones políticas y la estabilidad financiera.
El pacto, de carácter estratégico, reconoce la necesidad de avanzar hacia una gobernanza de la vivienda basada en evidencia empírica robusta, en un contexto donde los precios han escalado un 77 % desde 2014 (según Oxford Economics), la tasa de emancipación juvenil se sitúa en mínimos históricos, y las tensiones sociales derivadas del acceso a la vivienda han escalado al primer plano del debate público.
“El acceso a datos fiables, homogéneos y actualizados es un requisito imprescindible para diseñar políticas eficaces. Con este convenio, reforzamos la cooperación entre dos pilares clave del Estado: el regulador financiero y el gestor de política de vivienda”, afirmó Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España.
Qué incluye el acuerdo: una red de inteligencia público-financiera
El convenio establece cinco líneas de colaboración principales:
- Intercambio de información estadística y microeconómica: sobre precios de compraventa y alquiler, tasas de esfuerzo, evolución del crédito hipotecario, desahucios, y nuevas promociones.
- Análisis conjunto de riesgos financieros derivados del mercado de vivienda.
- Estudios sobre la eficiencia de los programas públicos de vivienda.
- Colaboración técnica en modelos de previsión para detectar tensiones o burbujas localizadas.
- Mejora de la transparencia mediante publicaciones conjuntas y desarrollo de indicadores accesibles.
La iniciativa busca también impulsar la creación de un Observatorio Nacional de Vivienda y Crédito, una entidad coordinada que unifique esfuerzos dispersos actualmente entre ministerios, comunidades autónomas y el INE. Este Observatorio emitiría informes trimestrales sobre la situación del parque inmobiliario español.
El trasfondo: tensión estructural y necesidad de planificación
El anuncio llega en un momento crítico. El mercado residencial español se enfrenta a desequilibrios acumulados: falta de vivienda asequible, escasez de suelo urbanizado en grandes ciudades, caída de la oferta pública y fragmentación competencial. Todo ello en un contexto macroeconómico incierto y con tipos de interés elevados.
El Banco de España ha mostrado creciente preocupación por el impacto del sector inmobiliario sobre la economía. Ya en su informe anual de 2024, advertía del riesgo de un nuevo ciclo de tensión de precios sin red pública suficiente para absorber la demanda no solvente.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, subrayó que “el pacto con el Banco de España es una herramienta para ordenar, comprender y anticipar el mercado, no para intervenirlo arbitrariamente”.
“Las burbujas no solo se producen por exceso de crédito, sino también por escasez planificada. La ausencia de suelo y oferta pública crea disfunciones profundas que pueden derivar en desequilibrios sistémicos”, advirtió el economista Fernando Encinar.
Implicaciones para el sector inmobiliario y los inversores
El acuerdo tendrá efectos tangibles para el ecosistema inversor. Una mejor disponibilidad de datos y análisis puede reducir la incertidumbre normativa y mejorar la calidad de la información de mercado, permitiendo decisiones más racionales en promoción, adquisición y gestión de activos.
Además, el hecho de que el Banco de España se implique en el seguimiento del mercado residencial puede frenar medidas intervencionistas poco fundamentadas, reforzando un enfoque técnico compatible con la solvencia macroeconómica.
Para los operadores internacionales, este movimiento es una señal de madurez institucional. “España está dando un paso hacia el modelo europeo de housing intelligence, clave para atraer capital institucional hacia la vivienda asequible”, señala Veronika Nagy, analista de Nuveen Real Estate en Londres.
Se prevé también el desarrollo de nuevas métricas de impacto social en proyectos inmobiliarios, como el índice de accesibilidad neta ajustada por territorio o la densidad de vivienda pública por tramo de renta.
En conjunto, el pacto entre el Banco de España y el Ministerio de Vivienda sienta un precedente institucional para el seguimiento técnico de uno de los temas más sensibles y estructurales de la economía española.
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