El Gobierno endurece su postura frente al turismo masivo y plantea más vivienda pública
27/06/2025 - ⏱️ 2 min
El ministro Carlos Cuerpo aboga por una política de vivienda más activa ante el desbordamiento turístico y su impacto en los mercados residenciales urbanos. El Ejecutivo estudia nuevas medidas fiscales y regulatorias mientras el real estate observa con cautela los posibles efectos sobre el modelo de rentabilidad.
El Gobierno de España ha endurecido su postura frente al fenómeno del ‘overtourism’, o turismo masivo, al que responsabiliza directamente de gran parte de la presión alcista en los precios del alquiler en ciudades y regiones costeras. En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el modelo turístico actual “no es sostenible ni económica ni socialmente” y ha defendido un refuerzo de la vivienda pública y de uso residencial protegido como respuesta estructural.
El Ejecutivo se plantea un paquete normativo coordinado que incluiría limitaciones a las licencias de alquiler vacacional en zonas tensionadas, incentivos fiscales para el alquiler de larga duración y un nuevo marco de colaboración con ayuntamientos para destinar suelo público a la promoción de vivienda asequible.
“El acceso a la vivienda no puede quedar subordinado al rendimiento turístico de los activos inmobiliarios”, afirmó Cuerpo durante unas jornadas en Palma. “Hemos visto cómo barrios enteros de Barcelona, Málaga o Valencia pierden población residente mientras crecen las unidades destinadas al turista a corto plazo”.
Presión política creciente en ciudades costeras
Las declaraciones del ministro se producen tras una oleada de medidas locales —y protestas ciudadanas— en municipios turísticos que sufren una pérdida acelerada de oferta residencial. El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado más de 3.500 licencias en el último año y estudia ampliar las zonas de restricción. En Palma, la normativa limita desde 2024 el alquiler turístico a viviendas unifamiliares y prohíbe su uso en edificios plurifamiliares. Málaga y Valencia han iniciado inspecciones masivas para detectar alquileres ilegales en plataformas digitales.
A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda está trabajando en una actualización de la Ley de Arrendamientos Urbanos que podría acotar aún más la temporalidad de los contratos, dificultando el tránsito de vivienda habitual a alojamiento turístico intermitente.
Desde el sector turístico, asociaciones como Exceltur han pedido “una regulación razonable y diferenciada que no penalice al pequeño propietario ni al turismo de calidad”. Sin embargo, reconocen que el equilibrio entre turismo y vivienda es uno de los retos más graves de las próximas dos décadas en España.
Implicaciones para el sector inmobiliario: nuevas fronteras regulatorias y reajuste de rentabilidades
- Reducción del atractivo de la vivienda turística como activo de inversión: con una regulación cada vez más restrictiva, la rentabilidad esperada de los activos turísticos tiende a comprimirse.
- Revalorización de proyectos build-to-rent en zonas tensionadas: el aumento de demanda de alquiler a largo plazo genera oportunidades para el alquiler residencial profesionalizado.
- Mayor peso de la vivienda pública en el urbanismo del capital: se exigirá mayor integración de vivienda asequible en proyectos privados en zonas sensibles.
- Diferenciación regional clave para la inversión: la regulación local fragmentada obliga a análisis por ciudad y distrito.
- Cambio en las estrategias de gestión de patrimonio inmobiliario: los family offices ajustan sus carteras ante nuevas restricciones e incertidumbre normativa.
Conclusión
El giro discursivo del Gobierno hacia una regulación más estricta del uso turístico de la vivienda confirma que el acceso residencial vuelve al centro de la política económica. Para el sector inmobiliario, este cambio supone un replanteamiento estratégico en múltiples frentes: desde la rentabilidad hasta la configuración jurídica de los proyectos. En un entorno donde la vivienda se ha convertido en un bien escaso y políticamente sensible, la capacidad de adaptación normativa y la anticipación de riesgos regulatorios será tan importante como la localización o el coste de financiación.
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