El Gobierno impone condiciones estrictas a la opa del BBVA sobre Sabadell: deberá mantener plantilla, sede y marca durante tres años
27/06/2025 - ⏱️ 2 min
Moncloa da luz verde política a la operación, pero exige salvaguardas para evitar deslocalización y pérdida de empleo. El sector financiero acusa el golpe y el inmobiliario anticipa consecuencias sobre oficinas, vivienda corporativa y estrategia inversora regional.
El Gobierno español ha comunicado oficialmente las condiciones exigidas para permitir la fusión entre BBVA y Banco Sabadell, una operación valorada en más de 12.000 millones de euros. Aunque el Ejecutivo no ha bloqueado la opa lanzada por el banco presidido por Carlos Torres, sí ha establecido un conjunto de requisitos vinculantes durante un período mínimo de tres años, que afectan a la plantilla, el mantenimiento de la sede operativa del Sabadell en Cataluña, el uso de su marca comercial y la continuidad de servicios financieros en territorios clave.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado que “el Ejecutivo no puede interferir en decisiones corporativas si se cumplen los requisitos regulatorios”, pero ha añadido que “el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger el interés general, la competencia bancaria y el empleo en regiones estratégicas”.
Entre las condiciones impuestas destacan:
- Prohibición de despidos colectivos o cierres de oficinas de Sabadell durante tres años.
- Mantenimiento de la sede operativa en Sant Cugat del Vallès.
- Conservación de la marca Banco Sabadell en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.
- Garantía de continuidad de los productos y servicios actuales en esos territorios.
Estas condiciones se suman al análisis que debe realizar la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y al visto bueno pendiente del BCE. Todo ello deja la fusión en un escenario políticamente viable, pero operativamente limitado.
BBVA acepta “con matices”
Desde BBVA, el presidente Carlos Torres ha reaccionado asegurando que la entidad estudiará las condiciones “con seriedad y responsabilidad”, aunque ha advertido de que cualquier restricción debe ser “razonable y compatible con los objetivos económicos de la operación”. Torres ha reiterado que la fusión generaría valor para los accionistas, sin perjuicio para clientes ni empleados.
Sabadell, por su parte, ha reiterado su oposición a la opa, calificándola de “hostil” y contraria a su modelo de proximidad territorial. No obstante, su consejo de administración deberá pronunciarse formalmente sobre las condiciones en los próximos días.
Implicaciones para el sector inmobiliario: fusiones, territorio y capital
- Redefinición del mapa de oficinas y sedes corporativas: la exigencia de mantener la sede en Cataluña durante tres años introduce estabilidad en Sant Cugat, Barcelona y Valencia.
- Contención de operaciones de desinversión en inmuebles bancarios: se reduce la presión vendedora sobre edificios no estratégicos en Murcia, Palma, Alicante o Sabadell.
- Mantiene la demanda de vivienda corporativa y alquiler de media-alta gama: frena el impacto de una posible relocalización masiva hacia Madrid.
- Mayor incertidumbre en inversiones institucionales regionales: inversores pendientes de consolidación bancaria aplazan decisiones ante el riesgo político y regulatorio.
- Reequilibrio entre integración operativa y capital reputacional: la marca Sabadell seguirá condicionando el posicionamiento inversor en las regiones afectadas.
Conclusión
El Gobierno ha optado por una vía intermedia: no vetar la fusión entre BBVA y Sabadell, pero sí someterla a condiciones que limitan su capacidad de reorganización en el corto plazo. Para el sector inmobiliario, esto se traduce en una tregua temporal en el proceso de reconfiguración territorial del sector financiero, que mantiene vivas las dinámicas de demanda corporativa en varias ciudades y reduce el riesgo de shock en el mercado de oficinas. Sin embargo, una vez vencido el plazo de las condiciones, podrían activarse nuevos movimientos con implicaciones profundas para la inversión inmobiliaria en entornos urbanos de segundo nivel.
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