Málaga, en el punto de mira del Defensor del Pueblo: la escasez de vivienda social vuelve al centro del debate europeo
07/07/2025 - ⏱️ 2 min
Málaga ha sido uno de los grandes protagonistas del boom inmobiliario en el sur de Europa. Su meteórico ascenso como destino de inversión —respaldado por cifras récord en compraventas, subida sostenida de precios y atracción de capital internacional— ha situado a la ciudad andaluza entre los mercados más dinámicos del continente. Sin embargo, la otra cara de esa expansión ha comenzado a generar presión institucional. Esta semana, el Defensor del Pueblo español ha reclamado formalmente al Ayuntamiento de Málaga la presentación de su plan de vivienda pública y social, en un contexto de creciente tensión entre dinamismo del mercado y accesibilidad residencial.
La petición, comunicada oficialmente el pasado jueves y recogida por Cadena SER Málaga (3 de julio de 2025), incide en una de las mayores paradojas del urbanismo contemporáneo europeo: ciudades vibrantes, en crecimiento, pero con un parque de vivienda pública completamente insuficiente. En el caso de Málaga, el dato es elocuente: apenas el 3,3 % de su parque residencial está destinado a vivienda social. Muy por debajo del 16 % de media nacional, y a años luz del 30 % que presentan países como Países Bajos, Austria o Dinamarca.
Una presión institucional que trasciende lo local
La actuación del Defensor del Pueblo no se limita a un gesto administrativo. Llega tras meses de protestas ciudadanas, alertas de colectivos sociales y el colapso progresivo del mercado de alquiler. A ello se suman informes como el publicado por el Observatorio de Vivienda de Andalucía en mayo, que advertía de un “déficit estructural” de vivienda asequible en las capitales costeras del sur peninsular.
“Las ciudades mediterráneas españolas se enfrentan a un dilema: seguir captando inversión y talento global, o garantizar el acceso a la vivienda para su población estable. Si no se hace nada, se puede perder el equilibrio social”, apunta una urbanista especializada en regeneración urbana entrevistada desde Lisboa, donde la situación presenta paralelismos.
Desde Bruselas, la Comisión Europea ha señalado en repetidas ocasiones la urgencia de ampliar el parque público como condición para el uso de determinados fondos NextGeneration EU. Sin embargo, Málaga —como otras ciudades intermedias europeas— sigue sin disponer de un plan estratégico de vivienda social con horizonte plurianual.
El reverso de un éxito económico
El auge económico de Málaga no se discute. Entre 2020 y 2024, el empleo en sectores de alta cualificación (tecnología, servicios profesionales, turismo premium) creció un 18 %, y las compraventas inmobiliarias se dispararon un 36 %, lideradas por compradores extranjeros. Grandes firmas como Google, Vodafone o Dekra han consolidado su presencia en el Parque Tecnológico de Andalucía, generando un ecosistema de innovación que ha dinamizado la economía local.
Sin embargo, ese dinamismo ha generado un efecto colateral: la expulsión silenciosa de residentes locales de los barrios históricos y su traslado forzoso a la periferia. Zonas como El Perchel, Trinidad o La Malagueta, antes barrios mixtos, se han convertido en enclaves casi exclusivos para visitantes temporales o inversores internacionales. El precio medio del alquiler ha subido un 21 % interanual, y la ratio entre salario neto medio y renta mensual supera el umbral del 40 % recomendado por organismos internacionales.
“Estamos creando islas de prosperidad en mares de precariedad”, resume un sociólogo urbano en referencia a los desarrollos recientes en el litoral de ciudades como Málaga, Lisboa, Marsella o Nápoles.
Una llamada de atención para Europa
El caso de Málaga no es aislado. Las principales capitales europeas —París, Berlín, Ámsterdam, Dublín— han afrontado en los últimos años protestas masivas por la falta de vivienda accesible, lo que ha dado lugar a políticas de control de alquileres, límites a las viviendas turísticas y programas de inversión pública. No obstante, en ciudades intermedias como Málaga, Oporto o Palermo, la intervención institucional ha sido más laxa.
El pronunciamiento del Defensor del Pueblo podría suponer un cambio de ciclo. No tanto por su capacidad ejecutiva, que es limitada, sino por su valor como precedente. Desde varias asociaciones de municipios se interpreta el gesto como un posible anticipo de una estrategia estatal de control sobre las políticas locales de vivienda, en línea con las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre cohesión social y acceso equitativo a la vivienda.
Además, los inversores institucionales europeos empiezan a incorporar estos riesgos en sus modelos. “No se trata solo de rentabilidad financiera. También evaluamos el riesgo político, la presión social y la sostenibilidad del modelo de ciudad. Y Málaga empieza a enviar señales contradictorias”, explica un analista ESG con sede en Frankfurt.
El reto: construir ciudad sin excluir
El Ayuntamiento de Málaga ha señalado que ya trabaja en un plan estratégico que contempla la construcción de 2.200 nuevas viviendas en los próximos cuatro años, con colaboración público-privada. Sin embargo, los expertos advierten que estas cifras están muy por debajo de lo necesario. El déficit estructural acumulado supera, según cálculos independientes, las 8.000 unidades.
La clave, según coinciden distintos urbanistas europeos, no está solo en construir más, sino en planificar mejor. Impulsar vivienda protegida en el centro, rehabilitar edificios para uso residencial, utilizar el parque público como herramienta anticíclica y regular, con precisión quirúrgica, los usos turísticos.
“La vivienda social no debe ser un apéndice marginal del desarrollo urbano, sino su columna vertebral”, afirma una experta en políticas públicas de Viena, ciudad considerada modelo en este campo.
Europa observa con atención. Málaga ha sido una historia de éxito inmobiliario en tiempos de incertidumbre. Pero también podría convertirse en el ejemplo de cómo un mercado próspero puede colapsar socialmente si no se corrigen sus excesos.
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