España exige a Airbnb la retirada de casi 66 000 anuncios ilegales: un giro en el equilibrio entre turismo y vivienda
15/07/2025 - ⏱️ 2 min
El Ministerio de Consumo de España, bajo el liderazgo del ministro Pablo Bustinduy, emitió el pasado 19 de mayo una histórica orden exigiendo a Airbnb retirar 65 935 anuncios de viviendas turísticas que incumplían la normativa vigente. Esta intervención, respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, supone uno de los mayores golpes regulatorios al modelo de alquiler turístico en Europa en los últimos años.
Los anuncios objeto de la orden eran en su mayoría viviendas completas, sin distinción alguna a simples habitaciones, situadas en puntos de alta presión turística como Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco e Islas Baleares. Se les reprochaba, fundamentalmente, carecer de número de registro turístico obligatorio o no identificar correctamente la condición del arrendador (particular o profesional).
Tras dos requerimientos anteriores —que afectaron primero a una tanda de 5 800 anuncios—, Airbnb presentó recursos judiciales. El TSJ de Madrid validó la medida y ordenó la retirada inmediata de esa primera remesa, respaldando la legalidad de las acciones de Consumo.
Un impacto con efectos colaterales profundos
Más allá de cifras, esta instrucción marca un punto de inflexión doble: por una parte, presiona a Airbnb y otras plataformas a garantizar el cumplimiento normativo; por otra, cambia la balanza entre oferta turística y disponibilidad de vivienda residencial.
Según datos del Ministerio, más del 90 % de los alquileres turísticos en Madrid operan sin licencia oficial, y esta experiencia regulatoria amenaza con revertir parte de esa tendencia. Además, autoridades como Barcelona ya exigen la retirada en 48 horas de los anuncios ilegales, deben compartir datos bancarios de los anfitriones y planean eliminar totalmente los pisos turísticos en zonas tensionadas antes de 2028.
Repercusiones para el real estate europeo
- Liberación de stock residencial: Una parte significativa de esta retirada podría dirigirse al mercado de alquiler convencional, mitigando tensiones previas y permitiendo a las ciudades recuperar viviendas destinadas a residentes.
- Refuerzo normativo y efecto dominó: España se une a ciudades como Ámsterdam y Nueva York, que han impulsado medidas para controlar plataformas de alquiler de corta estancia. Esto anticipa una oleada regulatoria europea que redefinirá la operativa del parque libre.
- Nueva gobernanza de vivienda: La medida refuerza la prioridad del derecho a la vivienda frente a actividades comerciales. Se acelera el desarrollo de herramientas como el Registro Único de Alquiler Turístico, obligatorio desde el 1 de julio de 2025, que permite verificar y retirar en 48 horas anuncios sin registro válido.
- Incentivos para inversión residencial: Con menor oferta ilegal y mayor regulación, el sector residencial gana atractivo para promotores, fondos y arquitectos. El PERTE de Industrialización de la Vivienda (1.300 M€) y la transferencia de 40 000 viviendas de la Sareb a SEPES intensifican esta tendencia.
Riesgos e incertidumbres
- Recursos legales de Airbnb: la plataforma avisa de su intención de recurrir y alega que el Ministerio carecía de competencia y empleó métodos indiscriminados.
- Saturación de mercado: migración de viviendas ilegales al alquiler tradicional podría elevar temporalmente la oferta y hacer bajar precios, aunque el efecto neto depende de las dinámicas locales.
- Competencia regulatoria: otras plataformas como Booking y Vrbo también enfrentarán medidas análogas, generando un mercado más regulado pero también fragmentado.
Conclusión
España ha encabezado un movimiento regulatorio de gran alcance al exigir a Airbnb la retirada de cerca de 66 000 anuncios turísticos ilegales, un paso decisivo en la defensa del derecho a la vivienda y en la recomposición del mercado residencial. Este hito marca un antes y un después en el sector inmobiliario europeo: eleva la presión sobre los modelos de negocio de las plataformas, acelera la conversión de viviendas turísticas en residenciales y abre nuevas oportunidades para inversiones estructurales en vivienda pública y asequible.
El éxito de esta estrategia dependerá de la eficacia del Registro Único Turístico, de cómo afronten los tribunales los recursos presentados y del compromiso de las comunidades autónomas y ayuntamientos para inspeccionar, sancionar y proteger el parque residencial. Su evolución será un termómetro fundamental para anticipar el futuro del real estate en ciudades europeas saturadas por la oferta turística.
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