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El Gobierno aprueba una oferta de empleo público histórica para Justicia en el País Vasco, pero no supera las cifras de 2024

24/06/2025 - ⏱️ 2 min

La nueva convocatoria incluye 1.244 plazas para la administración de Justicia vasca, con un refuerzo del turno libre y nuevas plazas de digitalización judicial. Sindicatos aplauden la medida, pero denuncian que llega tarde.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana una nueva oferta de empleo público (OEP) específica para el sector judicial en el País Vasco, que contempla 1.244 plazas para 2025, según confirmó el Ministerio de Justicia. La convocatoria, aunque es la más alta desde 2018, no supera el récord del año pasado (1.296 plazas), pero sí introduce novedades clave en perfil digital y acceso libre, y marca un paso más en el traspaso competencial en materia de Justicia.

“Es una apuesta clara por reforzar la administración de Justicia en Euskadi, mejorar la atención al ciudadano y avanzar en la digitalización del servicio público”, señaló el ministro Félix Bolaños durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Reparto y novedades

Del total de 1.244 plazas aprobadas:

El proceso de selección se llevará a cabo entre octubre de 2025 y marzo de 2026, y se prevé una reserva del 7 % para personas con discapacidad.

Contexto vasco y descentralización

Esta oferta se enmarca en el proceso de traspaso competencial al Gobierno Vasco, iniciado en 2022 tras el acuerdo bilateral entre el Ejecutivo central y el lehendakari. El objetivo es dotar al País Vasco de mayor autonomía funcional y de recursos propios en la gestión de su personal judicial, similar a lo que ya ocurre en Cataluña o Navarra.

El Gobierno Vasco participará en la convocatoria a través de una comisión mixta, y tendrá voz en la selección y adscripción territorial de los nuevos funcionarios.

Reacciones: bien recibida, pero insuficiente

Los principales sindicatos judiciales (CSIF, STAJ y CCOO) han valorado positivamente el anuncio, aunque advierten que las vacantes estructurales superan las 1.900 plazas, y que la OEP no cubre el déficit acumulado tras años de recortes.

“Vamos en la dirección correcta, pero a un ritmo lento. Las plantillas están tensionadas, y la digitalización no puede sustituir la falta de personal”, declaró Cristina Arias, portavoz de STAJ Euskadi.

Desde el Gobierno central insisten en que esta OEP es solo la primera fase de un refuerzo progresivo, y que en los próximos presupuestos se incluirán fondos adicionales para nuevos juzgados, formación y modernización de instalaciones.

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