España intensifica su ofensiva contra el alquiler turístico ilegal: 66.000 anuncios retirados en Airbnb y otras plataformas
25/06/2025 - ⏱️ 2 min
El Gobierno español ha anunciado esta semana la retirada de 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas publicados en plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo. Esta medida forma parte de una nueva ofensiva institucional para combatir el uso fraudulento de inmuebles destinados al alquiler vacacional sin licencia, y se enmarca en el Plan Nacional de Inspección y Control del Alquiler Turístico, que el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha este trimestre.
Según fuentes oficiales, esta primera oleada de inspecciones digitales y cruzamiento de datos se ha realizado en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha permitido identificar viviendas turísticas no registradas o que operaban en zonas prohibidas por la normativa urbanística local. Las 66.000 retiradas suponen cerca del 11 % del total de anuncios activos en el mercado español de alquiler vacacional, según estimaciones de Exceltur y Transparent.
Objetivo: frenar la pérdida de vivienda residencial
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido clara al presentar la medida: “Estamos ante una crisis de acceso a la vivienda que no puede agravarse por la actividad ilegal de algunos operadores. Proteger el uso residencial es una prioridad nacional”. El Ejecutivo sostiene que una parte significativa de la tensión en los precios del alquiler en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma se debe a la extracción de vivienda permanente del mercado tradicional para usos turísticos más rentables, en muchos casos al margen de la ley.
En paralelo, el Gobierno trabaja con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Asuntos Económicos en la creación de un registro unificado de viviendas turísticas, que permitirá a los consistorios bloquear nuevas licencias en zonas saturadas y sancionar más rápidamente los incumplimientos.
Un problema con dimensión local, pero de impacto nacional
Los municipios más afectados por la retirada de anuncios han sido Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, donde más del 25 % del centro histórico ya está ocupado por viviendas de uso turístico según estudios municipales. En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento calcula que 2 de cada 5 pisos turísticos activos no tienen licencia, y ha iniciado más de 3.000 expedientes sancionadores en lo que va de año.
La capital catalana lleva años aplicando una política de contención de licencias y recientemente aprobó la obligación de que todas las viviendas de uso turístico incluyan su número de registro en los anuncios publicados, con multas que pueden alcanzar los 60.000 euros por infracción grave.
La reacción de las plataformas: colaboración selectiva
Airbnb ha emitido un comunicado asegurando su disposición a “colaborar con las autoridades en todo lo que respete los principios de proporcionalidad y protección de datos”. Sin embargo, fuentes del sector reconocen que el cumplimiento normativo sigue siendo desigual y, en muchos casos, reactivo.
Booking, por su parte, ha anunciado la integración de un sistema automático de validación de licencias en España para los próximos meses, alineándose con las exigencias regulatorias europeas que entrarán en vigor con la Directiva de Servicios Digitales (DSA).
Impacto en el mercado y oportunidades para la vivienda asequible
El efecto inmediato de la retirada de estas viviendas es una recuperación parcial del parque disponible para uso residencial. Expertos del sector inmobiliario consideran que, si se mantiene la presión inspectora, podrían volver al mercado de alquiler tradicional entre 15.000 y 20.000 viviendas en zonas tensionadas, lo que contribuiría a suavizar los precios y ampliar la oferta.
“Las retiradas masivas abren una ventana de oportunidad para activar programas de alquiler asequible con colaboración público-privada, especialmente en edificios que estaban completamente destinados a uso turístico”, señala Jorge Gil, economista del Instituto de Políticas de Suelo.
No obstante, algunos actores del sector turístico advierten del impacto económico en zonas costeras muy dependientes del modelo vacacional descentralizado. “Es necesaria una regulación clara, pero también proporcional. No todos los anfitriones son infractores”, afirma María Valero, portavoz de la Asociación de Propietarios de Vivienda Turística.
Conclusión: presión regulatoria como palanca de equilibrio urbano
La ofensiva del Gobierno contra el alquiler turístico ilegal marca un nuevo punto de inflexión en el debate sobre el uso del suelo urbano y el equilibrio entre actividad económica y derecho a la vivienda. Con 66.000 anuncios retirados en apenas un trimestre, el mensaje institucional es inequívoco: la vivienda residencial debe recuperar centralidad en las políticas públicas.
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