El Congreso rechaza la prohibición de compra de vivienda a fondos de inversión

01/12/2025 - ⏱ 4 min

Este artículo tiene un propósito meramente informativo y no constituye, en ningún caso, una recomendación ni asesoramiento de inversión.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha proporcionado una señal de alivio a los grandes actores del mercado inmobiliario español al rechazar la toma en consideración de la proposición de ley que buscaba prohibir a fondos de inversión, empresas y otras personas jurídicas la compra de vivienda residencial. La votación, que tuvo lugar el 27 de noviembre, supuso la caída de la iniciativa legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario Sumar.

La propuesta, cuyo objetivo era frenar la especulación y la concentración de carteras para facilitar el acceso a la vivienda, no consiguió el apoyo necesario en la Cámara Baja. Los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, sumados a la abstención del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), resultaron determinantes para tumbar la medida.

La abstención del socio mayoritario del Gobierno de coalición, el PSOE, fue particularmente relevante, poniendo de manifiesto las tensiones internas en la política de vivienda del Ejecutivo. Portavoces socialistas, si bien reconocieron la crisis habitacional, argumentaron que la iniciativa de Sumar ponía en riesgo la inversión y la promoción de vivienda, pudiendo generar más distorsiones que soluciones en el mercado.

Las formaciones que votaron en contra o se abstuvieron se alinearon en la defensa del capital privado como motor de la oferta de vivienda. Desde Junts, por ejemplo, se criticó que la prohibición no resolvería la escasez estructural de stock, sino que añadiría una restricción más que acabaría contrayendo la oferta e impactando negativamente en promociones de vivienda en curso. El Partido Popular y Vox censuraron la propuesta, advirtiendo que expulsar la inversión privada supondría el fin de la capacidad de desarrollo del parque inmobiliario.

Implicaciones inmediatas para el sector inmobiliario

La decisión del Congreso preserva el statu quo del mercado residencial, evitando la disrupción regulatoria más temida por el capital institucional.

Seguridad inversora consolidada: El rechazo elimina la incertidumbre que pesaba sobre las grandes operaciones de compra de carteras Build-to-Rent (BTR) y la adquisición de promociones de obra nueva por parte de fondos de inversión. La señal política reafirma que, pese a las presiones, la inversión institucional sigue siendo un actor permitido y esencial para financiar el desarrollo de nuevos proyectos.

Continuidad en la promoción: Las grandes promotoras y servicers pueden continuar sus planificaciones a largo plazo sin el riesgo de ver limitado su universo de potenciales compradores en el segmento institucional.

Diferenciación regulatoria: La votación marca una línea roja en la política nacional de vivienda, distanciándola de medidas más intervencionistas debatidas en el ámbito autonómico, como la intención de limitar la compra de pisos para inversión en Cataluña.

Aunque la propuesta de Sumar ha sido bloqueada, el debate subraya que el papel de los grandes tenedores en el encarecimiento de la vivienda sigue siendo un foco de fricción política. A pesar del rechazo, la legislación vigente, la Ley de Vivienda 12/2023, ya impone requisitos especiales a los grandes tenedores en zonas tensionadas, por lo que la actividad inversora continuará bajo un escrutinio regulatorio elevado.

El mercado mantiene, por tanto, una estabilidad procesal clave para el capital, pero seguirá expuesto a propuestas regulatorias alternativas para la contención de precios.

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Disclaimer: Esta publicación es meramente informativa y no debe interpretarse como consejo de inversión.