Bruselas propone registro europeo de ‘okupas’ y regulación reforzada del alquiler turístico: pugna entre seguridad jurídica y derechos ciudadanos
30/09/2025 - ⏱ 2 min
En el seno del Parlamento Europeo ha cobrado fuerza en los últimos días una iniciativa legislativa que busca incorporar al debate habitacional de la Unión una medida inédita: la creación de un registro europeo de ocupaciones ilegales (o “okupas”) vinculada a una batería de propuestas para reforzar el control del alquiler turístico en las ciudades más tensionadas. Esta iniciativa —que admite enmiendas hasta octubre y podría votarse en el pleno en marzo de 2026— apunta a transformar el marco legal europeo del acceso a la vivienda, con implicaciones directas para inversores, gestores e incluso ayuntamientos. infobae Idealista
La raíz de la propuesta: jurisprudencia y presión política en España
La raíz de esta propuesta se liga a una coyuntura judicial y política en España: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó recientemente la retirada de 65.000 anuncios de pisos turísticos “ilegales” en plataformas como Airbnb, reconociendo la potestad del Estado para exigir que cada inmueble cuente con licencia o número de registro correspondiente. Cadena SER Al mismo tiempo, el Gobierno informó de que 53.000 viviendas fueron excluidas de las plataformas tras no cumplir los requisitos administrativos exigidos por el nuevo registro estatal. RTVE
Un registro europeo: qué plantea y para qué
La propuesta del Parlamento Europeo, promovida por el eurodiputado Borja Giménez y ya debatida en la comisión de vivienda, plantea insertar en el arsenal regulatorio de la UE un mecanismo para “identificar patrones delictivos” en la ocupación ilegal de inmuebles, promover una acción coordinada entre Estados miembros y proteger el derecho a la propiedad. El blog del Euríbor Además, en el mismo documento se proponen incentivos fiscales para jóvenes compradores, reducción de cargas administrativas para proyectos de vivienda e intervenciones sobre el alquiler turístico para evitar su distorsión del mercado residencial. Idealista
Pese a presentarse con matices moderados, la propuesta ha generado controversia técnica: la Comisión de Vivienda (HOUS) advierte que algunas medidas podrían favorecer la concentración de propiedad o penalizar a pequeños arrendadores con una o dos viviendas. Idealista A su vez, los defensores del registro argumentan que la falta de datos precisos sobre ocupaciones ilegales deja lagunas para la intervención pública en muchos países. El blog del Euríbor
España como banco de pruebas: registro único y retirada masiva
España ha sido uno de los estados más activos en la aplicación de medidas nacionales alineadas con las directrices europeas. Desde el 1 de julio de 2025 es obligatorio que los alojamientos turísticos cuenten con un número de registro (NRUA), requisito para anunciarse en plataformas digitales. Welex Arrenta Correduría de Seguros Lodgify El registro nacional entró en vigor tras la aprobación del Real Decreto 1312/2024 y se apoya en una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Arrenta Correduría de Seguros Welex iuritcorp.com
Las exigencias administrativas han generado rechazo en el sector: el Gobierno determinó que 53.000 pisos turísticos debían ser retirados de plataformas por no recibir el código de registro o haber sido denegado. RTVE El malestar se extiende entre propietarios que alegan fallas técnicas, retrasos o criterios estrictos en la tramitación. RTVE Además, desde abril de 2025, para operar como alquiler turístico o de corta duración el propietario debe obtener la aprobación de la comunidad (mayoría de 3/5) o enfrentarse a la suspensión de la actividad, conforme a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (según la Ley Orgánica 1/2025). Welex okify.io
Tensiones y repercusiones para el mercado
- Riesgo regulatorio y operatividad: activos rentabilizados como turísticos pueden perder esa condición si no obtienen registro o aceptación comunitaria.
- Costes de cumplimiento: adaptación a nuevos sistemas administrativos implica inversión legal y operativa.
- Impacto en la oferta de alquiler: la retirada de miles de pisos podría desplazar parte del parque hacia alquiler residencial formal.
- Incertidumbre jurídica: un registro europeo armonizaría criterios de “ocupación ilegal”, con potenciales conflictos con normativas nacionales o autonómicas.
- Cambio en el perfil de tenedores: pequeños arrendadores podrían verse más afectados que carteras institucionales con capacidad de absorción.
En los mercados más tensionados (grandes ciudades costeras o patrimoniales), el ajuste puede implicar redistribución del parque turístico hacia usos residenciales o mixtos. Estratégicamente, actores con mayor capacidad de gestión administrativa —fondos institucionales, socimis— podrían salir reforzados frente a particulares.
Un equilibrio político-social delicado
La iniciativa emerge en un contexto de sensibilidad social: la vivienda ha sido bandera en elecciones y movilizaciones. El registro de “okupas” puede reforzar la percepción de seguridad jurídica, aunque expertos recuerdan que la ocupación ilegal requiere soluciones multifactoriales (vivienda asequible, eficacia judicial, rehabilitación del parque público).
La regulación del alquiler turístico, vista como herramienta para mitigar la expulsión de residentes, si se aplica abruptamente puede generar efectos colaterales: reducción de oferta turística, litigios vecinales, morosidad reguladora. España queda como caso de prueba dentro de la UE: su registro nacional anticipa cómo podría funcionar el marco europeo. Si prospera, las ciudades saturadas podrían replicar el patrón: regulación estricta, sanción de inmuebles incumplidores y traslado hacia uso residencial convencional.
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Disclaimer: Este artículo tiene fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión.