España impulsa una tasa del 100 % a compradores no residentes no comunitarios para frenar la especulación inmobiliaria
08/09/2025 - ⏱️ 2 min
En enero de 2025, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso paquete de medidas diseñadas para aliviar la creciente crisis de vivienda que aqueja al país. Entre ellas, destacó una propuesta particularmente impactante: imponer un impuesto adicional del 100 % sobre el valor de mercado de viviendas usadas adquiridas por personas físicas o jurídicas extranjeras que no residen ni pertenecen a la Unión Europea.
Este gravamen complementario, denominado “Impuesto Estatal Complementario sobre Transmisiones Inmobiliarias a No Residentes No Comunitarios”, se aplicaría exclusivamente a la compra de inmuebles de segunda mano, ya que los edificios de obra nueva están sujetos al IVA en lugar del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) tradicional. En la práctica, un comprador ajeno a la UE que adquiera un inmueble por valor de 200 000 € abonaría otros 200 000 € en impuestos, sumando así el doble en desembolso fiscal .
Las razones detrás de esta propuesta son profundas: el Gobierno atribuye a la inversión especulativa, particularmente por parte de extranjeros, una presión significativa sobre el mercado inmobiliario, elevando precios y dificultando el acceso a vivienda para la población local (AP News, The Guardian). Según Sánchez, en 2023 se vendieron 27 000 viviendas a no residentes no comunitarios —principalmente compradores de segunda vivienda—, cifras que despertaron inquietud pública.
Posteriormente, en mayo de 2025, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley formal ante el Congreso, avanzando en la tramitación parlamentaria de esta medida. Lo hizo en el marco de una ley más amplia que incluye otras iniciativas como el aumento del IVA al 21 % en alquileres turísticos de corta duración, la retirada masiva de viviendas ilegales ofertadas en plataformas como Airbnb y la expansión de la vivienda pública.
Los detractores, entre ellos partidos regionales como el Partido Popular, califican la propuesta como “xenófoba” y se oponen tajantemente a su aplicación en regiones con alta demanda de compradores extranjeros. También se han planteado dudas fundadas sobre su compatibilidad con los principios europeos de libre circulación de capitales, lo que podría desencadenar litigios ante tribunales europeos.
El contexto inmobiliario refuerza la urgencia de la medida. En 2024, los compradores extranjeros representaron un 20 % del total de las transacciones residenciales en España. Destacaron especialmente los compradores estadounidenses, quienes pagaron en promedio 3 390 €/m², un 30 % más que los británicos. Estos flujos refuerzan la percepción de que la presión externa intensifica el desequilibrio entre oferta y demanda.
La propuesta, sin embargo, enfrenta un horizonte intrincado. Desde el inicio su utilidad real ha sido cuestionada. Expertos hablan de una jugada política más que de una solución efectiva. Como advirtió Joan Carlos Amaro, catedrático de Esade: “cualquier barrera que impida el funcionamiento del mercado termina perjudicando a todos”, ya que el sector se nutre del gasto extranjero en generación de empleo y dinamismo local.
La viabilidad de aprobación política también resulta incierta. Se trata de un Gobierno en minoría que pretende imponer una medida que muchos territorios consideran insostenible, incluso dentro de su propia coalición. En caso de prosperar, deberá resistir modificaciones que suavicen su alcance, mientras que una eventual contestación en clave judicial europea podría postergar o frenar su entrada en vigor.
Desde una perspectiva sectorial, esta propuesta plantea un antes y un después. Si llega a implementarse, redefiniría por completo las estrategias de inversión inmobiliaria desde el exterior y motivaría una profunda revisión de modelos fiscales en destinos tradicionales de segunda vivienda. Especialmente vulnerable resultaría el mercado costero, donde los inversores han sustentado una gran parte del dinamismo local del ladrillo.
En definitiva, el 100 % de tasa propuesta es un catalizador del debate entre regulación y apertura, entre defensa del acceso a vivienda y riesgo de enfriar la inversión extranjera. El sector permanece en vilo.
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Este contenido tiene únicamente fines informativos y periodísticos. Jamás debe interpretarse como consejo de inversión.
