Sánchez reclama cooperación autonómica tras la explosión del 62 % en vivienda protegida
03/09/2025 - ⏱️ 2 min
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje urgente esta semana: durante el último año, la construcción de vivienda protegida ha experimentado un crecimiento sin precedentes, del 62 %, en contraposición al tímido avance del 13 % registrado por la vivienda libre. Lo hizo ante medios especializados en vivienda, reforzando la idea de que este imprevisto repunte representa un punto de inflexión para un mercado habitacional desgastado.
Este incremento, que alcanza las 14 371 viviendas en régimen protegido solo en 2024, supone el dato más elevado desde 2014 y viene avalado por las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, replicadas por medios como Brainsre.news y el propio Ministerio. La palanca ha sido, según Sánchez, la intervención decidida del Estado, cuya ley por el derecho a la vivienda ha impulsado programas de fachada, rehabilitación y construcción pública, representando un “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Sin embargo, ha subrayado que este esfuerzo solo será sostenible si se logra una colaboración efectiva con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Desde el punto de vista del sector inmobiliario, esta coyuntura no se limita a una cifra aislada: evidencia una política deliberada para reequilibrar un mercado históricamente dominado por el libre mercado y la promoción pública limitada. El impulso al parque de vivienda protegida —a través de aceleración de licencias, incentivos al alquiler social y nuevas categorías protegidas— ha reabierto la posibilidad de que sectores vulnerables accedan a una vivienda adecuada.
No obstante, el contexto invita a la prudencia. El notable repunte parte de niveles muy bajos. Aunque las 14 371 viviendas representan un máximo en casi una década, se mantienen un 79 % por debajo del pico de 2008, cuando alcanzaron 68 587 unidades. Además, solo una cuarta parte de estas viviendas protegidas se destinó al alquiler, modalidad crítica para colectivos con menor capacidad adquisitiva.
En términos territoriales, la repercusión resulta desigual. Si bien existe presión sobre el conjunto del Estado, algunas comunidades lideran con fuerza la iniciativa, mientras que otras permanecen prácticamente inactivas —como Murcia o Ceuta según datos recientes— lo que refuerza el argumento de Sánchez sobre la necesidad de una cooperación más eficaz.
La dinámica de 2024 no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en un proceso gradual que busca revertir años de estancamiento en la vivienda social. El déficit sigue siendo manifiesto: España está lejos del promedio europeo, donde el parque de vivienda protegida representa cerca del 9 %. En contraste, en 2024 aún representaba solo entre el 1,5 % y el 3 % del total del parque residencial nacional.
Para los promotores, la escena abre tanto desafíos como oportunidades. Las empresas constructoras y entidades de vivienda social tendrán que adaptarse a modelos mixtos donde la función pública se combina con la eficiencia privada. Asimismo, los nuevos instrumentos legislativos, como la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, aportan certidumbre y marcos regulatorios más estrictos para proteger el suelo, frenar la vivienda vacía y controlar rentas en zonas tensionadas.
El sector financiero comenzará a fijarse en los flujos de inversión pública directa e indirecta en vivienda protegida. Fondos de desarrollo local, entidades públicas y promotoras especializadas podrían beneficiarse del nuevo escenario regulado, siempre que se asegure la sostenibilidad del modelo, especialmente en materia de alquiler social, donde aún hay brecha entre oferta y demanda.
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Esta nota es meramente informativa y no debe interpretarse en ningún caso como consejo de inversión.
