El Gobierno propone triplicar la inversión en vivienda pública para afrontar la crisis habitacional
02/09/2025 - ⏱️ 2 min
El acceso a la vivienda se sitúa en el centro de la agenda política española. Ante la persistente tensión del mercado —con precios de compraventa y alquiler disparados, escasez de oferta y un parque público nominalmente insignificante— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una propuesta ambiciosa: triplicar la inversión pública destinada a vivienda, elevándola de 2.300 millones de euros durante el ciclo 2022-2025, a unos 7.000 millones entre 2026 y 2030.
Esta agresiva expansión presupuestaria, que requiere un compromiso compartido entre el Estado y las comunidades autónomas, marca un intento de reordenar el desequilibrio estructural del sistema residencial. El Ejecutivo central se compromete a aportar el 60 % del total (4.000 millones), mientras que las autonomías asumirían al menos el 40 % restante (2.700 millones).
Un giro estructural en la vivienda pública
Esta medida va más allá del aumento de recursos. Una de las piezas clave de la propuesta es que todas las viviendas financiadas con fondos públicos mantengan su condición de vivienda protegida de forma indefinida, evitando su descalificación o desvío al mercado libre, práctica habitual en décadas pasadas. El concepto de “blindaje” pretende garantizar que el componente social de la vivienda pública no se desvanezca con el tiempo y debilite su función redistributiva.
Para facilitar políticas públicas más eficaces, el plan también plantea la creación de una base de datos inmobiliarios pública, superando el monopolio informativo de portales privados y mejorando la transparencia sobre precios reales de compraventa y alquiler.
Respuestas políticas y contexto estructural
La iniciativa se presentó en el marco de la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona, un foro tradicional de cooperación interadministrativa, aunque con tensión política evidente. Algunas comunidades, especialmente del Partido Popular, expresaron sus recelos y rechazaron lo que calificaron de imposición improvisada. Aun así, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió que triplicar la inversión, blindar el parque público y aumentar la transparencia eran medidas de "sentido común" ante un problema que “preocupa y condiciona la vida de millones”.
El telón de fondo es una crisis habitacional profunda: España cuenta con un parque de vivienda pública que apenas representa entre el 1,5 % y el 2,5 % del total, muy por debajo de los estándares europeos —en países como Austria o Países Bajos, supera el 15 %. El déficit estructural se estima en entre 450.000 y 600.000 viviendas, con muchas familias destinando una proporción inasumible de sus ingresos al alquiler.
Riesgos y desafíos de implementación
Pero pasar del anuncio al impacto real plantea desafíos notables. Históricamente, los gobiernos han ejecutado de forma parcial su presupuesto en vivienda: apenas el 47 % del gasto previsto en acceso y edificación se consumió en 2023, y muchos proyectos apenas arrancaron.
Además, lograr que las comunidades homologuen planes, compartan datos y coordinen urbanísticamente no es tarea sencilla. En paralelo, la propuesta asume que una mayor inversión pública potenciará instrumentos como el PERTE de industrialización de la vivienda, que ya ha movilizado 1.300 millones para construcción sostenible y modular.
Oportunidad para redefinir el sistema
El contexto europeo presiona a España para corregir sus deficiencias habitacionales como condición de cohesión social y crecimiento económico. El nuevo plan podría marcar un giro estructural si se convierte en un marco robusto y persistente. Poner la vivienda pública en el centro del sistema —como derecho durable y no como meramente asistencial— representaría un cambio de paradigma. Pero las penas del pasado, la inercia autonómica y la complejidad burocrática harán de esta una prueba de fuego para la capacidad del Estado de transformar un desafío estructural en resultados tangibles.
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Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye en ningún caso una recomendación ni asesoramiento de inversión. Las decisiones de inversión deben tomarse de manera independiente y con la debida asesoría profesional.
