España crea una empresa estatal para lanzar grandes paquetes de vivienda desde 2026: la Sareb se convierte en eje del nuevo parque público
14/10/2025 - ⏱ 2 min
El Gobierno español ha anunciado la creación de una nueva empresa estatal de vivienda que asumirá la gestión de los activos procedentes de la Sareb, con el objetivo de lanzar al mercado grandes paquetes residenciales a partir de 2026. Según adelantó El País el 9 de octubre, la sociedad concentrará la promoción, rehabilitación y cesión de miles de viviendas públicas y privadas, en un intento de aumentar la oferta y contener la escalada de precios en las principales ciudades del país.
La nueva entidad —aún sin nombre oficial— se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para impulsar el acceso a la vivienda asequible y dar un nuevo uso a los activos inmobiliarios acumulados por la Sareb durante la crisis financiera. El plan contempla lanzar grandes lotes de viviendas cada trimestre desde 2026, una vez completada la transferencia de competencias y activos. El foco inicial estará en los grandes núcleos urbanos con más presión de precios, como Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.
Una Sareb reconvertida en promotora pública
Desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha gestionado más de 200.000 inmuebles heredados de la crisis financiera. Tras la decisión del Gobierno en 2022 de asumir su control, la Sareb dejó de ser un vehículo de liquidación para convertirse en un instrumento de política pública. Con esta nueva empresa estatal, la transformación se completa: el foco pasa de vender activos a ponerlos en servicio como vivienda social o asequible.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Vivienda, la nueva entidad contará con el respaldo de la SEPES (Entidad Estatal de Suelo) y el ICO, y dispondrá de un presupuesto inicial de varios miles de millones de euros para financiar tanto nuevas promociones como rehabilitaciones. Su funcionamiento se articulará mediante colaboración público-privada, buscando atraer a promotores y gestoras que aporten capacidad técnica y capital complementario.
Un contexto de fuerte tensión inmobiliaria
La creación de esta empresa llega en un momento de fuerte presión sobre el mercado residencial español. Los precios de la vivienda subieron un 7,4 % interanual en el segundo trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que la oferta de vivienda nueva sigue siendo insuficiente. En ciudades como Madrid o Málaga, el coste por metro cuadrado ya supera los 4.000 euros, situando a España entre los países europeos con mayor encarecimiento relativo del último año.
La política de vivienda del Gobierno pretende así corregir el desequilibrio estructural entre oferta y demanda, impulsando la construcción de vivienda pública en suelo estatal y recuperando parte del parque vacío de la Sareb. El objetivo declarado es movilizar hasta 40.000 viviendas en los próximos años y ceder parte de ellas a comunidades autónomas y ayuntamientos para su gestión directa o en régimen de alquiler asequible.
Oportunidad y riesgo para el sector privado
El anuncio ha sido recibido con prudencia por el sector promotor y por los fondos institucionales. Las grandes compañías inmobiliarias —como Neinor Homes, Aedas Homes o Metrovacesa— han mostrado disposición a colaborar, aunque advierten de que el éxito del plan dependerá de la agilidad administrativa y de la capacidad de asegurar retornos sostenibles en los proyectos de colaboración público-privada. En paralelo, la inversión privada sigue orientándose hacia activos con mayor rentabilidad, como el build to rent, el coliving o la rehabilitación urbana, que podrían beneficiarse indirectamente de la nueva estrategia estatal.
Analistas del sector consultados por Cinco Días y Expansión destacan que el nuevo marco podría reactivar la promoción inmobiliaria en suelos públicos, pero también tensionar los costes si no se acompaña de incentivos fiscales y estabilidad normativa. “El reto no es solo movilizar suelo, sino atraer inversión sin generar incertidumbre”, señalaba recientemente un informe de Savills Aguirre Newman sobre el impacto de la política de vivienda en la inversión residencial.
La digitalización como nuevo eje de acceso y transparencia
El movimiento del Gobierno refleja también una tendencia más amplia: la transformación del sector inmobiliario hacia modelos más eficientes, digitales y accesibles. En ese sentido, la política pública y la innovación privada avanzan en direcciones complementarias. Mientras el Estado busca ampliar la oferta y estabilizar los precios, surgen iniciativas tecnológicas que persiguen democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, permitiendo a los ciudadanos participar de forma más directa y transparente en el crecimiento del sector.
En este punto, proyectos emergentes como Realty Investor aspiran a jugar un papel complementario. La plataforma —actualmente en fase de desarrollo— centralizará en una sola aplicación las principales oportunidades de inversión inmobiliaria digital en Europa: crowdfunding, crowdlending y activos tokenizados. Su propuesta no es ofrecer asesoramiento financiero, sino organizar la información, homogeneizar métricas y facilitar que el inversor retail comprenda y compare los proyectos en los que participa.
En un contexto en el que el mercado inmobiliario español se hace cada vez más sofisticado —y donde las grandes operaciones ya no son exclusivas de instituciones—, plataformas como Realty Investor permitirán que un inversor particular pueda seguir, analizar y diversificar su exposición en distintos activos sin necesidad de disponer de grandes capitales. Es el siguiente paso en la evolución natural de un mercado que busca equilibrar rentabilidad, sostenibilidad y acceso.
Un nuevo equilibrio entre Estado, mercado e innovación
La reconversión de la Sareb y la creación de una promotora pública marcan un punto de inflexión en la política de vivienda española. El Estado pasa de ser un mero regulador a convertirse en actor directo del mercado, mientras el capital privado busca su espacio en un ecosistema más complejo pero también más transparente. En paralelo, la digitalización del sector introduce una capa de información y trazabilidad que redefine la relación entre inversor y activo.
El éxito de este nuevo modelo dependerá de la coordinación entre administraciones, promotores y plataformas tecnológicas. Pero el objetivo final parece claro: ampliar el acceso a la vivienda y canalizar la inversión —pública y privada— hacia un desarrollo inmobiliario más equilibrado. España se encamina así a un escenario en el que la vivienda deja de ser solo un bien de consumo o especulación, para convertirse en un pilar estratégico de estabilidad económica y cohesión social.
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Disclaimer: Este artículo tiene un propósito exclusivamente informativo y no constituye en ningún caso una recomendación ni asesoramiento de inversión.