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España construye solo el 20 % de las viviendas necesarias frente a hogares emergentes

08/09/2025 - ⏱️ 2 min

En los últimos años, el mercado inmobiliario español enfrenta una paradoja inquietante: mientras se forman nuevos hogares a un ritmo vertiginoso, la oferta de vivienda nueva crece con lentitud, insuficiente para hacer frente a la demanda emergente. Este desfase ha extendido la brecha habitacional nacional, alimentando tensiones sociales y apuntando hacia una crisis estructural.

Según el informe sectorial de Caixabank Research publicado el pasado 5 de septiembre, aunque se proyectan para 2026 unas 150 000 nuevas viviendas, esta cifra cubriría solo una quinta parte —el 20 %— de los 180 000 hogares nuevos que se espera se formen cada año. En un indicador alarmante, en los últimos cuatro años, por cada diez nuevos hogares solo dos han hallado alojamiento en inmuebles recién construidos. Este desequilibrio ha generado un déficit acumulado estimado de 515 000 viviendas, cifra que podría escalar hasta 765 000 si se descuenta el parque limitado disponible por usos alternativos, como los turísticos.

La consecuencia más visible de esta escasez es el alza sostenida en los precios: el informe advierte que los precios han subido un 12,7 % en 2025, el mayor incremento registrado en más de 18 años, y anticipa nuevas subidas del 10,8 % este año y del 6,3 % en 2026.

Este fenómeno no es reciente: entre 2022 y 2024, el Banco de España ya estimaba un déficit estructural de entre 400 000 y 450 000 viviendas, una cifra que podría elevarse hasta las 600 000 considerando las proyecciones futuras. La Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria, por su parte, cifró en 134 649 las viviendas que faltaron en 2024 para cubrir la creación de nuevos hogares.

Detrás de estas cifras se esconden causas persistentes. En primer lugar, la disponibilidad de suelo urbanizable —el llamado suelo finalista— es inadecuada para sostener un ritmo de construcción acorde con la demanda habitacional, en especial en zonas urbanas de alta presión. En segundo lugar, los procesos burocráticos se alargan: en 2024 la tramitación de licencias en muchas localidades superó los 12 meses, frente a un plazo óptimo estimado de 3 meses, lo que ralentiza la puesta en marcha de obra nueva.

Este desequilibrio entre oferta y demanda no solo torna la vivienda inaccesible para amplios sectores de la población, sino que alimenta tensiones socioeconómicas que requieren atención urgente. La subida de precios, combinada con salarios estancados, genera un escenario crítico para la emancipación juvenil y el acceso a una residencia digna.

Frente a ello, urgencias políticas como la agilización de trámites urbanísticos, el desbloqueo de suelo y la incentivación de vivienda asequible a través de colaboración público-privada resultan inaplazables. De lo contario, el déficit podría seguir agrandándose, encareciendo aún más el acceso a la vivienda y socavando la cohesión social.

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Este contenido tiene únicamente fines informativos y periodísticos. Jamás debe interpretarse como consejo de inversión.

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