El auge de los despachos especializados redefine el poder legal en el real estate español
16/10/2025 - ⏱ 2 min
Esta publicación tiene un propósito informativo y periodístico. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación o consejo de inversión.
El mercado inmobiliario español se encuentra en plena reconfiguración, no solo por el regreso del capital internacional, sino por un fenómeno menos visible pero igual de determinante: la profesionalización jurídica del sector. En los últimos meses, los principales despachos nacionales e internacionales han reforzado sus divisiones de real estate, conscientes de que el nuevo ciclo inversor en España exige una sofisticación legal a la altura de los flujos de capital que están llegando.
El movimiento más reciente lo ha protagonizado Ontier, que acaba de incorporar a Alfonso Vallés, exsocio de Freshfields Bruckhaus Deringer, como nuevo director de Real Estate, según publicó Cinco Días el 6 de octubre de 2025. La operación simboliza un cambio de tendencia: las grandes firmas ya no consideran el derecho inmobiliario un área auxiliar, sino un eje estratégico donde confluyen fiscalidad, urbanismo, financiación y sostenibilidad.
El contexto lo explica todo. España ha escalado posiciones hasta situarse como segundo destino preferido para la inversión inmobiliaria en Europa, según el European Investor Intentions Survey 2025 de CBRE, solo por detrás de Reino Unido. Madrid y Barcelona figuran entre las cuatro ciudades más atractivas del continente para el capital internacional, consolidando un interés que va más allá del residencial y abarca oficinas prime, activos logísticos y nuevos segmentos alternativos como coliving o data centers.
Detrás de esa atracción está la búsqueda de estabilidad jurídica. Los fondos institucionales internacionales —desde Blackstone hasta Patrizia o EQT Exeter— analizan con detalle el marco regulatorio antes de desembarcar. Y en esa fase, el asesor legal se ha convertido en un actor clave: no solo interpreta la ley, sino que diseña estructuras de inversión, vehiculiza capital extranjero y coordina la relación con las administraciones locales. En operaciones transfronterizas, los despachos españoles con equipos especializados en real estate y compliance urbanístico se han convertido en socios imprescindibles.
La tendencia se acelera también en el ámbito nacional. Despachos como Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca o Clifford Chance han ampliado sus departamentos inmobiliarios, fichando perfiles con experiencia en fondos, servicers y plataformas digitales. La creciente complejidad del sector —que combina promoción tradicional, inversión institucional y nuevas formas de financiación como la tokenización— exige equipos multidisciplinares capaces de manejar aspectos legales, tecnológicos y fiscales al mismo tiempo.
El auge de la proptech y los activos digitales también ha impulsado esta especialización. El marco normativo europeo en torno a la tokenización de activos reales (MiCA, DLT Pilot Regime, MiFID II) requiere un conocimiento legal profundo para adaptar la propiedad inmobiliaria a entornos digitales sin perder garantías. En este nuevo escenario, los abogados especializados en derecho mercantil, financiero y tecnológico desempeñan un papel determinante para definir cómo se estructuran y se negocian los activos tokenizados.
Para el inversor, tanto institucional como particular, esta sofisticación tiene un efecto positivo: aumenta la seguridad jurídica, la transparencia contractual y la profesionalización de las operaciones. Pero también introduce una complejidad que puede resultar abrumadora. Entender qué hay detrás de cada operación —quién la regula, cómo se articula legalmente, y qué riesgos implica— es cada vez más difícil para el inversor retail que busca acceder al real estate de forma diversificada y digital.
Aquí es donde Realty Investor pretende aportar valor. Nuestra plataforma, actualmente en desarrollo, nace con la misión de organizar, comparar y clarificar el ecosistema de la inversión inmobiliaria digital: desde el crowdfunding y el crowdlending hasta los activos tokenizados. El objetivo es permitir que cualquier inversor pueda explorar oportunidades verificadas, con información homogénea y criterios claros sobre rentabilidad, riesgo y estructura jurídica. Sin vender productos ni ejecutar operaciones: solo ofreciendo contexto, datos y transparencia.
El fortalecimiento de los despachos especializados es una señal inequívoca de madurez del mercado español. La combinación de capital internacional, nueva regulación y tecnología ha elevado el listón profesional del sector, y esa exigencia legal se traduce en un ecosistema más sólido y competitivo. A medida que el real estate español se integra en los flujos globales de inversión, el derecho se convierte en su infraestructura invisible: la que da seguridad, orden y confianza.
Y en un mercado donde la confianza es el bien más escaso, comprender las reglas del juego puede marcar la diferencia.
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Disclaimer: Esta publicación es meramente informativa y no debe interpretarse como consejo de inversión.