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La Comisión Europea abre consulta pública sobre crisis habitacional y vivienda asequible

30/07/2025 - ⏱️ 2 min

El 11 de julio de 2025, la Comisión Europea lanzó una consulta pública exhaustiva como parte del desarrollo del que será su primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, previsto para principios de 2026. La convocatoria estará abierta a ciudadanos, administraciones, asociaciones del sector inmobiliario e inversores hasta el 17 de octubre de 2025, y aborda temas claves como vivienda social, financiación, ayudas estatales, regulación de alquileres y reconversión urbana.

Se trata de la segunda fase tras una primera recogida de evidencias iniciada en mayo, que contó con un cuestionario abierto entre mayo y junio. Esta nueva fase incorpora un diálogo más profundo y sectorial, con preguntas detalladas en ámbitos como construcción, planeamiento, densificación, alquiler turístico, vivienda vacía, especulación, inclusividad y gobernanza.

Un nuevo interlocutor europeo para una crisis estructural

Por primera vez, el Ejecutivo comunitario sitúa la vivienda como una prioridad política central, acreditando un comisario específico para ello: Dan Jørgensen. Bajo su liderazgo, la Comisión ha constituido un Consejo Consultivo de Vivienda con 15 expertos independientes que asesorarán sobre el contenido del plan.

Además, se avanza en la revisión de la normativa de ayudas estatales, a fin de permitir mayor flexibilidad a los Estados miembros para financiar vivienda asequible —una medida vital para palanquear recursos públicos sin que computen de forma estricta en déficit fiscal europeo—. Esta consulta sobre ayudas estará abierta hasta finales de julio.

Relevancia para España: inversión pública y privada en primera línea

La crisis habitacional es particularmente aguda en países como España y Grecia. Según datos del Banco de España, el parque de alquiler social apenas alcanza el 1,5 % del total, frente a la media europea del 9 %, acentuando la presión sobre la vivienda protegida.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible podría catalizar nuevas inversiones públicas y privadas en regeneración urbana, vivienda social y rehabilitación del parque existente, especialmente en zonas saturadas por turismo o con déficit histórico de oferta formal.

Comunidades autónomas como Andalucía han mostrado interés explícito en participar en el diálogo europeo, al reclamar un papel más activo en la definición de políticas y la implementación de fondos comunitarios.

Consecuencias para el sector inmobiliario profesional

La apertura de esta consulta es una señal clara de que se anticipan cambios regulatorios en materia de vivienda, con implicaciones directas para promotores, gestores de vivienda institucional (build‑to‑rent, PBSA, senior housing), inversores inmobiliarios y administraciones locales:

En España, esto coincide con un contexto muy dinámico: precios al alza en grandes ciudades, déficit de parque público, escasez de mano de obra en construcción y un debate regulatorio abierto.

Riesgos, desafíos y oportunidades

El proceso implica retos desde lo político y lo técnico:

No obstante, la iniciativa abre oportunidades:

Contexto ampliado: la crisis habitacional como riesgo económico

Instituciones como el Banco Europeo de Inversiones advierten que el precio excesivo de la vivienda y la escasez de oferta social amenazan la cohesión económica. Frenan la movilidad laboral y el crecimiento de ciudades competitivas en Europa.

Se estima que se necesitan cerca de 1 millón de viviendas adicionales en la UE para cerrar la brecha entre oferta y demanda, con métodos innovadores y una regulación más ágil.

Organizaciones como FEANTSA han pedido enfocar el plan en colectivos vulnerables: jóvenes, migrantes, personas sin hogar y minorías. La consulta incorpora preguntas específicas al respecto.

Mirando hacia 2026: ¿un nuevo marco europeo para el real estate?

La hoja de ruta sitúa el Plan Europeo de Vivienda Asequible para primavera de 2026. Hasta entonces, la Comisión mantendrá un diálogo abierto con todos los actores para construir evidencias y propuestas de política para gobiernos y mercados.

Para el sector inmobiliario, el resultado podría traducirse en una nueva fase de colaboración público‑privada, con exigencias más estrictas en sostenibilidad, accesibilidad y rendimiento.

En resumen, la consulta pública de la Comisión marca un hito en la respuesta a una crisis estructural. Y para el sector inmobiliario, representa una ventana para contribuir, anticiparse y posicionarse estratégicamente.

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