Bruselas acelera su plan para regular el alquiler turístico: Europa busca equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda
20/10/2025 - ⏱ 2 min
Este artículo es únicamente informativo y no debe interpretarse, en ningún caso, como recomendación o consejo de inversión.
La Comisión Europea ha situado el acceso a la vivienda en el centro de su agenda política. En declaraciones recientes recogidas por The Guardian (15 de octubre de 2025), el comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, advirtió que “las ciudades europeas no pueden funcionar si sus trabajadores no tienen dónde vivir”, anticipando un nuevo plan europeo de vivienda que incluirá medidas específicas para regular el alquiler de corta duración a través de plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo.
La propuesta, que se presentará oficialmente antes de final de año, busca armonizar los registros de anfitriones y transacciones en toda la Unión Europea, obligando a las plataformas a compartir datos con las autoridades locales. El objetivo es doble: reforzar la trazabilidad fiscal y proteger el parque de vivienda residencial frente al desplazamiento provocado por el auge del turismo urbano.
El debate llega en un contexto de tensión creciente en las grandes capitales europeas. En Barcelona, el Ayuntamiento ha anunciado la eliminación progresiva de las licencias de pisos turísticos antes de 2028, mientras que Lisboa y Ámsterdam han endurecido sus normativas limitando el número de días anuales que un inmueble puede destinarse a alquiler vacacional. En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron ha propuesto equiparar la fiscalidad de los alquileres turísticos con la del alquiler tradicional, en un intento de contener la presión sobre los precios.
Según Eurostat, los alquileres en la Unión Europea aumentaron un 21 % entre 2015 y 2023, y en España ese incremento fue incluso mayor en áreas metropolitanas, donde el alquiler ha crecido entre 35 % y 40 % desde 2015 (Banco de España, Informe Económico 2023). Aunque los factores son múltiples —desde la falta de suelo urbano hasta el encarecimiento de la financiación—, el auge de las plataformas de alquiler de corta estancia se ha convertido en un elemento determinante del desequilibrio entre oferta y demanda.
Para los inversores y operadores inmobiliarios, la iniciativa de Bruselas representa un cambio estructural. La eventual obligación de registrar cada propiedad y transacción reducirá la opacidad en el mercado, pero también puede reorientar capitales hacia activos residenciales de larga duración o hacia nuevos modelos de negocio, como el build-to-rent y las cooperativas de vivienda asequible. Fondos institucionales como Greystar, Catella o Hines ya han anunciado planes de expansión en el sur de Europa aprovechando esta transición regulatoria.
No obstante, la regulación también despierta inquietud en los destinos turísticos donde la economía local depende en gran medida de los visitantes. En Málaga o Valencia, la reducción del número de viviendas disponibles para estancias cortas podría tener efectos mixtos: aliviar el acceso a la vivienda, pero también afectar al empleo en el sector servicios. La Comisión Europea defiende que el objetivo no es restringir la actividad turística, sino garantizar que las ciudades sigan siendo habitables y socialmente sostenibles.
El debate revela una transformación profunda en la manera de entender la vivienda: ya no solo como un activo de inversión, sino como un componente esencial del equilibrio urbano y del bienestar ciudadano. La política europea apunta hacia un modelo más transparente y sostenible, en el que la digitalización de datos —y su acceso público— será clave para monitorizar el impacto real del alquiler turístico sobre los mercados locales.
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La nueva legislación europea sobre alquiler turístico será, probablemente, el primer gran test de esa transparencia. Un equilibrio entre la libertad de mercado, la innovación tecnológica y el derecho a la vivienda que definirá el rumbo del sector inmobiliario europeo en la próxima década.
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