Bruselas exige a España triplicar su parque de vivienda social hasta los 7.000 millones para 2030
01/08/2025 - ⏱️ 2min
La Comisión Europea ha lanzado esta semana un aviso formal a España sobre el retraso estructural en el desarrollo de vivienda social. En un informe técnico remitido al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Economía, el Ejecutivo comunitario urge al Gobierno a adoptar un plan multianual que incremente el parque público de alquiler asequible hasta niveles “equiparables a los estándares europeos”, lo que en el caso español implicaría una inversión estimada de más de 7.000 millones de euros hasta 2030.
El documento, elaborado por la Dirección General de Política Regional y respaldado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), advierte de forma explícita que el déficit de vivienda social está generando “tensiones significativas” en los mercados urbanos, y que las medidas actuales —como la regulación de precios en zonas tensionadas o los programas de ayudas directas— no son suficientes sin una ampliación sustancial de la oferta estructural.
España, con apenas un 2,5 % de su parque residencial dedicado al alquiler social, se sitúa en la cola de Europa. Países como Francia (17 %), Países Bajos (30 %) o Austria (24 %) multiplican esta cifra, lo que ha motivado la llamada de atención comunitaria. Además, según Eurostat, el 34 % de los hogares españoles en régimen de alquiler sufren sobrecarga de costes (pagan más del 40 % de sus ingresos en vivienda), frente a una media del 25 % en la UE.
Condicionamiento financiero y reparto territorial
El informe no es meramente técnico: fuentes de la Comisión han confirmado a El País y Expansión que parte de los fondos estructurales 2025–2027, así como el nuevo ciclo del BEI para infraestructuras sociales, se condicionarán a la adopción de compromisos medibles en esta materia. En particular, Bruselas reclama:
- Una dotación mínima anual de 1.200 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para vivienda social.
- Aportaciones autonómicas equivalentes al 50 % de las inversiones centralizadas.
- Mecanismos estables de colaboración público-privada que garanticen la entrega de al menos 25.000 nuevas viviendas sociales por año.
El documento también menciona la necesidad de un marco nacional armonizado para definir el concepto de “vivienda asequible” y evitar que cada autonomía lo aplique con criterios dispares, lo que —según Bruselas— “genera inseguridad jurídica para los inversores institucionales” que desean participar en el sector.
Inversores, gestores y ayuntamientos: el triángulo operativo
La presión comunitaria coincide con un momento de parálisis técnica en varios programas de vivienda en alquiler promovidos por el Plan de Recuperación. Diversas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, han advertido al Ministerio de Vivienda que los fondos Next Generation están infraejecutados por falta de agilidad administrativa y por la ausencia de colaboración con gestores privados especializados.
La propuesta de Bruselas plantea que se habiliten estructuras mixtas (SPVs con participación pública minoritaria) que permitan captar capital privado, siempre que se garantice el mantenimiento del uso social durante un mínimo de 25 años. Esta fórmula —similar al modelo vienés— ha sido objeto de estudio por parte del Gobierno central y de ciudades como Madrid, Sevilla o Zaragoza, donde la presión sobre el alquiler está alcanzando niveles récord.
“El capital institucional está dispuesto a financiar miles de viviendas sociales si se le da estabilidad normativa y visibilidad de retornos. La clave es no demonizar el beneficio privado si sirve a una función pública”, señala Javier Burón, exgerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y actual consultor para el BEI.
Riesgos sociales y consecuencias en el mercado
El informe europeo también lanza una advertencia sobre las consecuencias de no actuar con rapidez. En concreto, destaca que la ausencia de un parque social sólido está alimentando fenómenos como:
- El crecimiento del alquiler turístico como alternativa lucrativa para propietarios.
- La exclusión residencial creciente de jóvenes y familias monoparentales.
- La gentrificación acelerada de barrios céntricos en Madrid, Barcelona, Palma y Málaga.
Además, se menciona que la falta de oferta asequible está impactando negativamente en la competitividad económica de las ciudades, dificultando la atracción de talento y elevando los costes laborales indirectos para las empresas.
“En Europa se considera la vivienda como infraestructura social, al mismo nivel que el transporte o la sanidad. Si no se entiende así en España, el desfase estructural se agravará y tendrá consecuencias macroeconómicas”, concluye el informe.
Reacción política: divisiones y falta de consenso
La respuesta desde el Gobierno ha sido moderada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que presentará en septiembre un nuevo Plan Nacional de Vivienda 2025–2030 que incluirá parte de las recomendaciones europeas, aunque ha advertido que “la ejecución efectiva dependerá de la voluntad de las comunidades autónomas”. Desde Economía, el ministro Carlos Cuerpo ha confirmado que se están estudiando nuevas líneas de financiación con el BEI para canalizar parte del esfuerzo inversor.
Sin embargo, la iniciativa ha vuelto a tropezar con la falta de consenso político interno. Mientras que el PSOE defiende una mayor implicación pública, el PP y varias autonomías conservadoras exigen más seguridad jurídica y una menor intervención normativa. Por su parte, Sumar y Podemos reclaman destinar el 2 % del PIB anual a vivienda y blindar constitucionalmente el derecho al alquiler asequible.
A la espera de que se concrete un nuevo marco de acción coordinada, el mensaje de Bruselas es claro: España debe pasar del debate a la ejecución. Y el sector inmobiliario —público y privado— será una pieza clave para lograrlo.
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Disclaimer: Este artículo es meramente informativo y no constituye en ningún caso una recomendación o consejo de inversión.
